La asociación Criosanabria celebra el Día de los humedales
Cada año CRIOSANABRIA celebra conmemora la fecha de la firma del Convenio de Ramsar relativo a la conservación de estos ecosistemas
Esto es lo que dice la Ley nacional de Montes
La Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, modificada por la Ley 21/2015 y el Real Decreto-ley 15/2022, establece en su artículo 50 que:
“No se podrá cambiar el uso de los terrenos forestales que hayan sido incendiados durante al menos 30 años, salvo que concurran razones imperiosas de interés público de primer orden, apreciadas mediante ley, y siempre que se adopten medidas compensatorias que permitan recuperar una superficie forestal equivalente a la perdida.”
Esto significa que, por norma general, los terrenos quemados deben conservar su uso forestal durante tres décadas. Las comunidades autónomas están obligadas a restaurarlos y garantizar su regeneración vegetal. Las excepciones son muy restrictivas y requieren una ley autonómica o estatal que las justifique, además de medidas compensatorias. No basta con una decisión administrativa ni con intereses privados.
Además, si el cambio de uso ya estaba previsto antes del incendio —por ejemplo, en un plan urbanístico aprobado o en trámite que haya superado el procedimiento ambiental correspondiente— el incendio no impide que dicho uso se materialice. Pero estos casos están regulados y documentados, y no se trata de recalificaciones posteriores al fuego.
Esto es lo que dice la Ley autonómica de Montes en Castilla y León
La Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León, replica esta prohibición en su artículo 92, que establece:
“Los terrenos forestales que hayan sido afectados por incendios no podrán cambiar su uso durante un período de 30 años, salvo que concurran razones imperiosas de interés público de primer orden, apreciadas mediante ley, y siempre que se adopten medidas compensatorias que permitan recuperar una superficie forestal equivalente a la perdida.”
Esta norma autonómica replica el espíritu de la ley estatal, dejando claro que no hay vía legal para recalificar suelo quemado de forma inmediata ni automática.
Teorías que circulan sobre el origen de los incendios
Aparte de la recalificación urbanística, han surgido otras teorías que intentan explicar la proliferación de incendios forestales en España:
Extracción de minerales de tierras raras
Se ha especulado que algunos incendios podrían estar relacionados con intereses mineros, especialmente en zonas donde se han identificado yacimientos de tierras raras. Sin embargo, no existe evidencia que vincule directamente los incendios con planes de explotación minera, y cualquier proyecto requiere autorizaciones ambientales y procesos complejos.
Cambio climático y abandono rural
Esta es la explicación respaldada por la mayoría de expertos. El abandono del medio rural, la acumulación de biomasa y la falta de gestión forestal han creado un cóctel explosivo que convierte los incendios en una amenaza estructural.
Desinformación y conspiraciones
En redes sociales proliferan bulos que atribuyen los incendios a intereses ocultos. Uno de los ejemplos más llamativos es una imagen de un supuesto haz de luz —presuntamente un láser lanzado desde el espacio— impactando en un bosque leonés. No hay ningún respaldo técnico ni legal que avale semejante escena.
Este tipo de contenidos suelen surgir para viralizar y alimentar la paranoia. La desinformación desvía la atención de las verdaderas causas: abandono rural, falta de inversión y gestión forestal deficiente.
Falta de inversión y planificación
Organismos como Naciones Unidas han advertido que la falta de presupuestos adecuados y la ausencia de políticas a largo plazo están agravando el problema.
Por tanto, las insinuaciones sobre recalificaciones urbanísticas o intereses mineros tras los incendios no tienen respaldo legal ni práctico. La normativa es clara: los terrenos incendiados deben permanecer como forestales durante 30 años.
La gran cantidad de incendios que asolan nuestra tierra no se deben a misteriosas conspiraciones, sino a dejadez institucional.
(1) Referencia basada en informes de la ONU y el Colegio de Ingenieros de Montes sobre gestión forestal.
