Castilla y León lidera la ofensiva autonómica para reabrir el debate sobre el estado del lobo
La Junta, junto a otras 13 administraciones autonómicas, ha dado un paso al frente para exigir al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) una evaluación real y técnica sobre la situación del lobo en España
Lideradas por Castilla y León, 14 de las 17 autonomías, que se dice pronto, han redactado una petición conjunta para que el Ministerio de Transición Ecológica deje de dar largas y se siente a hablar seriamente sobre el lobo. En conjunto, han enviado una carta a la vicepresidenta Sara Aagesen exigiendo una reunión urgente. El objetivo es demostrar que hay más lobos de los que dice el Gobierno y proteger a nuestros ganaderos.
Un frente unido para defender el campo
Casi toda España (desde Galicia hasta Andalucía, pasando por Madrid o las islas) se ha unido para forzar esta reunión. Por ley, si un tercio de las comunidades lo pide, el Ministerio está obligado a escucharlas.
El problema viene de lejos. El año pasado, el Gobierno presentó un informe que decía que el lobo estaba en una situación "desfavorable" (es decir, en peligro). Las comunidades que viven el día a día del campo rechazaron ese informe de inmediato, porque los datos reales dicen todo lo contrario.
"Menos despachos y más realidad"
Desde Castilla y León se critica que el informe del Ministerio se basa en opiniones subjetivas y no en lo que se ve en nuestros montes. Mientras el Ministerio insiste en que el lobo corre peligro, los técnicos autonómicos y los propios vecinos ven cómo las manadas crecen y el equilibrio con la ganadería se rompe.
¿Qué es el informe del que todos hablan? Es un estudio que el Gobierno debe hacer por ley cada seis años para ver cómo están las especies salvajes. El problema es que el Ministerio dice que el lobo está mal en toda España, mientras que las comunidades aseguran que las poblaciones han mejorado muchísimo y que la protección actual es excesiva.
15 días para decir "basta"
Este mismo miércoles se ha abierto un plazo de 15 días hábiles para que cualquier organismo o persona presente sus alegaciones (quejas y pruebas).
Una vez pasen estas dos semanas, se espera que se celebre la gran reunión donde se decidirá el futuro:
¿Se mantendrá la prohibición total de controlar al lobo?
¿O se permitirá volver a una gestión que proteja también a los pastores y sus rebaños?
Para nuestra tierra, lo que se decida en esa mesa es vital para que nuestros pueblos sigan teniendo vida y futuro.
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