El PP gana unas autonómicas marcadas por el refuerzo del bipartidismo y la resistencia de UPL
Las elecciones autonómicas dejan un escenario definitivo marcado por la fuerte concentración del voto en las grandes siglas estatales.
- El próximo 15 de septiembre la Audiencia Provincial de Valladolid abrirá las sesiones del juicio por la denominada trama eólica en Castilla y León, un proceso judicial que se prolongará hasta finales de enero de 2026.
- En el banquillo de los acusados se sentarán altos cargos de la Junta de Castilla y León, directivos de Iberdrola y empresarios locales, a quienes el Ministerio Fiscal atribuye delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, extorsión y fraude fiscal. La Junta de Castilla y León, junto a Iberdrola y sociedades de su grupo, figuran como responsables civiles subsidiarios.
Origen de la trama
Los hechos se remontan a 2007, cuando la comunidad autónoma afrontaba su primer gran despliegue de parques eólicos. Según la acusación, desde la Consejería de Economía, presidida por Tomás Villanueva, y especialmente desde la Viceconsejería dirigida por el principal acusado, Rafael Delgado, se articuló un sistema para controlar las autorizaciones administrativas de los proyectos.
La estrategia consistía en:
- Avocar competencias: retirar a los servicios territoriales de Industria la capacidad de autorizar parques eólicos y concentrar la decisión en la Viceconsejería, en manos de Delgado.
- Imponer socios locales de confianza: obligar a que en cada proyecto figurara una empresa radicada en Castilla y León elegida por la Consejería. Estas compañías adquirían participaciones a bajo coste y, una vez conseguida la autorización, las revendían a los verdaderos promotores con enormes beneficios, que podían alcanzar 250.000 euros por MW autorizado.
Acusación y peticiones de condena
El Ministerio Público, junto con el Abogado del Estado, particulares perjudicados y la Federación de Ecologistas en Acción de Castilla y León (como acusación popular), sostienen que esta práctica generó perjuicios millonarios y constituye uno de los mayores casos de corrupción política en la región.
La Fiscalía solicita para Rafael Delgado penas que suman 36 años y 6 meses de prisión, multas superiores a 236 millones de euros e inhabilitación para cargo público. Para el resto de acusados se piden condenas de entre 6 y 12 años de cárcel, además de multas y responsabilidades civiles que alcanzan los 19 millones de euros.
Un caso de gran relevancia
Por las cifras manejadas, la trama eólica se considera el mayor caso de corrupción en Castilla y León, superando en volumen económico a cualquier otro procedimiento abierto en la comunidad.
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Fuente: Luis Oviedo. Ecologistas en Acción
