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Lo que debió ser una semana de ocio y convivencia para medio centenar de menores en El Bierzo se ha transformado en un complejo proceso de reclamaciones que ya implica a múltiples instituciones. Quince familias han decidido romper el silencio para denunciar un catálogo de prácticas negligentes y abusivas ocurridas durante el pasado mes de julio de 2025, en una actividad que contaba con el respaldo y la financiación de la Diputación de León.
La gravedad de los hechos descritos ha llevado a los progenitores a calificar la experiencia como un auténtico "campamento de los horrores", señalando no solo a los ejecutores directos, sino a la cadena de custodia y supervisión que debía garantizar la integridad de los niños, de entre 8 y 12 años.
Un catálogo de negligencias y castigos
El relato de lo sucedido dibuja un escenario donde la pedagogía del ocio fue sustituida por métodos punitivos y situaciones de riesgo físico. Las quejas presentadas detallan episodios de humillación pública, castigos nocturnos que obligaban a los menores a desplazarse por el casco urbano en condiciones precarias y el uso de material deportivo de impacto, como marcadoras de paintball, sin las medidas de seguridad reglamentarias y a distancias peligrosas.
La organización del espacio y la convivencia también están bajo el foco. Se denuncia el hacinamiento en las habitaciones, superando ampliamente los ratios previstos, y la existencia de zonas de aislamiento para los menores que presentaban cuadros de ansiedad o llanto, donde se les privaba de luz y, en ocasiones, de sustento alimenticio. A esto se suma una presunta restricción en la comunicación con el exterior, lo que impidió que las familias tuvieran conocimiento inmediato de la situación.
La responsabilidad por omisión
El conflicto escala ahora hacia el terreno de la responsabilidad institucional. Las familias dirigen sus críticas hacia tres frentes principales:
- La empresa concesionaria (Bierzo Natura): A la que acusan de una vigilancia deficiente de su personal y de permitir que comportamientos calificados por los propios monitores como "poco profesionales" se prolongaran en el tiempo.
- La Diputación de León: Como entidad titular y organizadora, las familias consideran que ha existido una falta de control sobre los planes de autoprotección y una ausencia de reacción contundente ante los primeros indicios de malas prácticas.
- La Junta de Castilla y León: Criticada por la inacción de sus servicios de Inspección de Juventud y Servicios Sociales, que hasta la fecha no habrían ofrecido una respuesta satisfactoria a las demandas presentadas desde el pasado mes de diciembre.
En busca de una reparación
A pesar de que algunos de los implicados directos llegaron a reconocer por escrito conductas inadecuadas, las familias consideran que la dimisión o el cese de estos no agota las responsabilidades. Exigen una reparación simbólica y económica, que incluya la devolución de las cuotas abonadas, pero sobre todo, una evaluación exhaustiva que impida que empresas con este historial vuelvan a trabajar con la infancia en programas públicos.
Por el momento, el periplo administrativo continúa. Mientras organismos como Consumo han archivado el caso por no ver infracciones en su área, las familias siguen esperando el pronunciamiento de Inspección de Trabajo y de los organismos de Protección de Menores para esclarecer un episodio que ha dejado una profunda huella en los usuarios del campamento.
Imagen principal: foto de archivo de una actividad de la empresa Bierzo Natura SL en verano de 2025
